Ambos bandos sospechados de crímenes de guerras
En junio de 2012, Malí solicitó a la fiscal de la CPI investigar presuntos crímenes internacionales graves, ocurridos en el contexto de un conflicto armado luego que los rebeldes islámicos tomaran control de parte del Norte de Malí en enero de 2012. El examen preliminar de la CPI determinó que había una base razonable para creer que se habían cometido crímenes de guerra en Malí desde enero de 2012, a saber: asesinato; aprobar sentencias y ejecuciones sin el proceso debido; mutilación, tratamiento cruel y tortura; dirigir ataques intencionalmente en contra de objetos protegidos; saqueo y violación.
En enero de 2013, la CPI formalmente abrió una investigación sobre crímenes presuntamente cometidos en el territorio de Malí desde enero de 2012. Varios miembros de la Coalición recibieron favorablemente la apertura de la investigación, exhortando a todos los bandos del conflicto a que se manejen de acuerdo a las obligaciones de las leyes internacionales, especialmente en relación con la protección de civiles.
En el primer caso que surge de la investigación, el rebelde islámico Ahmad al Faqi al Mahdi está acusado de dirigir ataques intencionales en contra de monumentos históricos o edificios dedicados a la religión en Tombuctú, al Norte de Malí.
La sociedad civil ha hecho un llamado a la CPI para asegurar que su proceso cubra todo el alcance de los supuestos crímenes cometidos durante el conflicto, y asegurar que las fuerzas del gobierno, sospechadas de crímenes graves, sean juzgadas en igualdad de condiciones.
Advertencias para las autoridades de Malí
El 28 de enero de 2013, la fiscal Bensouda advirtió a las autoridades de Malí que su oficina conocía los reportes que afirmaban que las fuerzas de Malí podrían haber cometido abusos en Malí central. Ella exhortó a las autoridades a detener inmediatamente cualquier violación y cumplir con sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma de investigar y procesar a los responsables.
