El examen preliminar de la situación de Venezuela fue anunciado el 8 de febrero de 2018. Está enfocado en los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos desde, al menos, el mes de abril de 2017 en el contexto de numerosas manifestaciones populares y en un clima de inestabilidad política. En particular, se acusa a las fuerzas de seguridad de Estado de utilizar de forma frecuente la fuerza de manera excesiva para dispersar y disolver las manifestaciones, y de arrestar y detener a miles de los miembros de la oposiciones, reales o percibidos, muchos de los cuales habrían sido sujeto de serios abusos y tratos crueles durante su detención. También se ha reportado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, lo que habría provocado que algunos miembros de las fuerzas de seguridad resultaran heridos o asesinados.
El 27 de septiembre de 2018, la Fiscalía recibió una remisión de un grupo de Estados partes al Estatuto de Roma, a saber: la República Argentina, Canadá, la República de Colombia, la República de Chile, la República de Paraguay y la República de Perú, sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. De acuerdo con el artículo 14 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, los Estados que realizaron la remisión pidieron a la Fiscal iniciar una investigación sobre crímenes de lesa humandidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014 con el fin de determinar si una o más personas debían ser acusadas por la comisión de dichos crímenes. El 28 de septiembre, la Presidencia asignó la situación de la República Bolivariana de Venezuela a la Sala de Cuestiones Preliminares I.
Durante 2018 y 2019, la situación de Venezuela permaneció en la Fase 2 de un examen preliminar.
El 13 de febrero de 2020, la Fiscalía recibió una remisión por parte de Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela "como consecuencia de la aplicación de medidas coercitivas ilícitas adoptadas unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos de América contra Venezuela, al menos desde el año 2014". En este contexto, la Fiscal declaró que “las dos remisiones parecen superponerse geográfica y temporalmente y, por lo tanto, podrían justificar ser asignadas a la misma Sala de Cuestiones Preliminares. Esta observación se hizo sin perjuicio de una determinación posterior sobre si el alcance de ambas situaciones está suficientemente vinculado para constituir una sola situación”.
Luego de la notificación de la Fiscalía sobre la remisión, la Presidencia de la CPI adoptó la "Decisión de asignación de la Situación en Venezuela II y reasignación de la Situación en Venezuela I a la Sala de Cuestiones Preliminares III", del 19 de febrero de 2020.
